Historia de un capricho electorero
Los legisladores de Morena están cumpliendo un capricho electorero del presidente López Obrador. (Archivo)

Por: Adriana Moreno Cordero

La voz del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, pareció escucharse en el Salón de Plenos del Senado de la República: “La justicia no se consulta”, lo que sin duda constituye una verdad de a plomo.

En la Cámara Alta de México, se estaba discutiendo la procedencia de la consulta popular para someter a juicio a los expresidentes. El debate estaba muy encendido y dividido en dos bandos: la fracción parlamentaria de Morena, que coordina Ricardo Monreal Ávila y el bloque opositor, que se manifestaba en contra porque considera que al aprobar dicha consulta, simplemente, los legisladores de Morena están cumpliendo un capricho electorero de , que está más que obstinado por aparecer en la boleta de las elecciones del 2021. Él supone que de esa manera evitará o disminuirá el riesgo que corre el partido que fundó, Morena, de perder la mayoría que hoy ostenta en los congresos locales, en esos comicios que al parecer, serán su “prueba de fuego”.

Con 64 votos a favor, 43 en contra y una abstención, se aprobó el dictamen que expide la consulta popular. Ahora solo falta un pequeño detalle: que se apruebe la propuesta hecha hace unos días por el senador Ricardo Monreal Ávila para que se haga una reforma constitucional al artículo 35. De esta manera, la consulta se pueda realizar exactamente el mismo día que las elecciones, el 6 de junio del 2021 y no el 1 de agosto de ese mismo año, como lo marca la Carta Magna y que a la letra señala: “Las consultas populares convocadas conforme a la presente fracción, se realizarán el primer domingo de agosto”.

Una vez presentada la iniciativa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, explicó que esa medida se tomó “para que no haya un gasto mayor”. En el debate del Senado de la República se manejó que era un costo totalmente innecesario y tirados a la basura los 8 000 millones de pesos que costará ese ejercicio y que podrían ser destinados a otro rubro como por ejemplo, atender la contingencia sanitaria del COVID-19.

En el referido artículo 35 constitucional, se establece que, el Instituto Nacional Electoral es el único facultado para promover la participación de los ciudadanos en las consultas populares “y será la única instancia a cargo de la difusión de las mismas. La promoción deberá ser imparcial y de ninguna manera podrá estar dirigida a influir en las preferencias de la ciudadanía, sino que deberá enfocarse en promover la discusión informada y la reflexión de los ciudadanos”.

La justicia no se consulta, se aplica

El sentir general, es que el partido oficial no puede cambiar de una manera tan arbitraria y con la mayor facilidad, lo que le estorba, en vez de apegarse a lo que marca la ley. Efectivamente y como se anotó en líneas anteriores, la justicia no se consulta, simplemente, se aplica.

Hace ya varios meses, poco antes de la pandemia, en febrero de este año, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador tocó el tema para inmediatamente señalar que si se lleva a cabo esta consulta, “Yo votaría en contra y lo argumentaría porque tenemos que ver hacia adelante. Si vamos muy bien, ¿para qué nos vamos a anclar en un asunto que nos puede quitar tiempo para avanzar en la transformación o que nos confronte?”

Entonces, ¿por qué tanta vehemencia en llevar a cabo un ejercicio totalmente innecesario?, dejar la decisión a su “pueblo sano y bueno”, implica que el tabasqueño “se lava las manos”, con lo que se vendría a comprobar que su único objetivo es ser el instrumento para que Morena salga triunfante en las elecciones de junto del 2021.

Obsesión por aparecer en la boleta electoral

En el Senado se aprobó la realización de la consulta, de una pregunta que la semana pasada modificó la Suprema Corte de Justicia, en la que como “galimatías” se pregunta:

«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Pero en el Senado, un debate que duró alrededor de cinco horas, la fracción parlamentaria morenista, alzó el puño para gritar, “¡sí se pudo!”, entre las cartulinas que pedían, unas, juicio político contra López Obrador y otras, enjuiciar al expresidente Vicente Fox.

De ahí que se esperaría que la semana entrante, en la Cámara Alta se apruebe la modificación constitucional para despejar los obstáculos que pueda tener la obsesión presidencial por aparecer en la boleta electoral en los comicios del 2021. Todo apuntaría a que la modificación constitucional del artículo 35, está prácticamente en la puerta.

Hay que recordar que el presidente López Obrador ya había hecho un intento cuando planteó la consulta sobre la revocación de su mandato y propuso que podría realizarse precisamente, el mismo día de las elecciones del año entrante. La oposición en el Senado también rechazó esta propuesta para proponer que este ejercicio se lleve a cabo en el 2022. Luego de esa maniobra frustrada, se presenta esta oportunidad para el tabasqueño, ayudado por la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara Alta y sus aliados.

El papel del INE

El papel del Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo, será trascendental en este tema que es, por cierto, totalmente inédito. Por lo pronto, el consejero-presidente, Lorenzo Córdova Vianello, hizo una oportuna aclaración que echa por tierra uno de los principales argumentos esgrimidos por el senador Ricardo Monreal, para que la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes se lleve a cabo el mismo día que las elecciones del 6 de junio del 2021, el de los costos, cuestión que puede provocar el enésimo enfrentamiento entre el presidente López Obrador y los consejeros del INE.

Sumado a ello, esta acción ha puesto al descubierto las contradicciones que se han generado entre el jefe del Ejecutivo y uno de sus operadores más cercanos. Desde la acostumbrada conferencia mañanera, el tabasqueño argumentó que es “exageradísimo” el costo de los 8 000 millones de pesos para llevar a cabo este ejercicio.

Específicamente, el doctor Córdova indicó que: “ha circulado erróneamente una cifra que no es una cifra oficial del INE respecto del costo de la consulta popular, esa cifra es la organización de la complejidad de la que vamos a tener el 6 de junio”.

Agregó que todavía faltan por definirse los costos de este ejercicio,- se reitera-, inédito, en el que se tiene que calcular cuáles son los requerimientos, qué actividades tiene que desplegar el INE, «y consecuentemente, cuáles serán los costos, pero me parece que es especulación estar tratando de hablar de costos, cuando el instituto, que es la autoridad responsable, aún no ha determinado qué actividades se deben llevar a cabo para la consulta popular”.

Distraer la atención

Lo único que ha puesto de relieve la obstinación por parte de López Obrador para que se lleve a cabo esta consulta, es que sería el enésimo intento por parte de esta llamada cuarta transformación, por distraer la atención de los temas que verdaderamente deberían ocupar el centro de la atención allá en Palacio Nacional como la afectación que ha tenido la pandemia de COVID-19, o la creciente inseguridad.

Los senadores morenistas y sus rémoras, “plancharon” el camino para que se cumplan los deseos del presidente y en cambio, le negaron cualquier posibilidad a la oposición, para que se apruebe una consulta que tenga como objetivo el ingreso básico universal, que sería una medida de política pública de gran impacto que permitiría enfrentar la pandemia y para tomar en cuenta a quienes han sido olvidado por la llamada Cuarta Transformación. Pero como proviene de un partido que no es Morena, la consigna es que no debe pasar.

No solo la oposición observa que estamos hablando de una consulta totalmente anodina; un ejercicio demagógico, o como lo dijo la senadora panista Andrea Cruz, “someter al Congreso a un capricho electorero, una consulta a modo”.


​​​​​​​​Adriana Moreno Cordero es analista, reportera y columnista de sucesos nacionales en México. Fue colaboradora en el periódico Excélsior, en la columna Frentes Políticos, por 20 años. Posteriormente, en el periódico El Sol de México, inicia la columna Vanguardia Política, con su titularidad en 2012. Desde 2017, a la fecha escribe columnas políticas para Diario Imagen (Retaguardia), Contraréplica y El Heraldo.

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